La operación involucró el cincuenta por ciento de la sociedad controlante de Transener, participación que estaba en manos del Estado y que representaba la mitad del paquete de control de la transportista.
El otro cincuenta por ciento permanece en poder de Pampa Energía. Con la adjudicación, el Estado salió por completo de la estructura de gobierno de la red troncal de 500 kV. La oferta ganadora del consorcio Edison–Genneia, por 356 millones de dólares, superó las propuestas de Central Puerto (301 millones) y Edenor (230 millones) y duplicó el precio base de 206 millones.
El cambio de accionistas ocurre en un sistema con rezagos acumulados. En las últimas dos décadas, la demanda eléctrica creció ciento diecisiete por ciento, mientras que la capacidad de transporte lo hizo cincuenta y cuatro por ciento.
La diferencia entre consumo y expansión de la red constituye el principal cuello de botella para la operación del SADI y condiciona la incorporación de nueva generación.
Transener administra el ochenta y cinco por ciento de las líneas de extra alta tensión y enfrenta la necesidad de ejecutar inversiones de magnitud para evitar congestiones en corredores críticos, particularmente en el Litoral, el AMBA, Cuyo y el NOA.
El proceso de privatización se extiende también al parque generador. El Gobierno inició la transferencia al sector privado de las centrales térmicas General San Martín y Manuel Belgrano, dos ciclos combinados de alta eficiencia con una potencia conjunta de mil seiscientos megavatios. Ambas plantas operan en los nodos de mayor demanda del país y forman parte del parque generador desde hace quince años.
La operación se encuentra en etapa de preparación administrativa y valuación técnica, sin pliego publicado ni cronograma oficial. El objetivo es reducir la exposición estatal en generación y trasladar al mercado la responsabilidad de sostener la inversión en activos de base.
La política energética incluye además una segunda fase de privatización hidroeléctrica. Tras el traspaso de las centrales del Comahue, el esquema prevé que los concesionarios asuman de manera integral el mantenimiento y la inversión en represas.
La medida completa el retiro del Estado de la gestión operativa de la infraestructura hídrica nacional y profundiza la estrategia de transferencia de activos iniciada en el transporte y la generación térmica. El proceso abarca centrales de gran porte y requiere definir contratos de concesión, obligaciones de inversión y mecanismos de supervisión técnica.
El conjunto de estas operaciones configura un nuevo mapa de control del sector eléctrico. La salida estatal de generación y transporte se produce en un escenario donde la red troncal presenta saturación en corredores de alta demanda y donde la expansión de la infraestructura depende de la capacidad del nuevo operador para sostener inversiones en un sistema con rezagos estructurales.
La integración de los activos privatizados, la ejecución de obras en transporte y la coordinación operativa con CAMMESA serán determinantes para la evolución del sector en los próximos años.
