El anuncio de contención de precios por 45 días en los combustibles aparece como un alivio para los consumidores de nafta y gasoil en toda la Argentina. Sin embargo, detrás de ese esquema emerge un punto crítico para las provincias productoras de petróleo, entre ellas Chubut y Santa Cruz: ¿quién absorbe el costo de esa estabilidad?
El presidente de YPF, Horacio Marín, definió la medida como un “buffer” de precios. Traducido al funcionamiento concreto del mercado, ese “amortiguador” no es otra cosa que un mecanismo que desacopla el precio interno del petróleo respecto de la cotización internacional. Es decir, en los hechos, un barril criollo sin decreto.
La lógica no es nueva. Durante buena parte de las últimas dos décadas, distintos gobiernos (4 del kirchnerismo y un interregno macrista) aplicaron esquemas similares -bajo la denominación de “barril criollo” o “precio sostén”- para evitar que las subas del petróleo impactaran de lleno en los surtidores. El resultado fue un precio de referencia interno que, durante gran parte de ese período, quedó por debajo del valor internacional.
Ese punto no es menor: las regalías que perciben las provincias se liquidan sobre ese precio interno, no sobre el internacional. Por eso, el efecto fiscal es directo.
DOS DÉCADAS DE ANTECEDENTES Y UN DATO ESTRUCTURAL
Entre 2003 y 2023, Chubut resignó más de 1.500 millones de dólares por la aplicación de estos mecanismos, según un informe de ADNSUR basado en datos del Ministerio de Hidrocarburos de la provincia. En términos simples, se trata de ingresos que la provincia dejó de percibir al cobrar regalías sobre un barril más barato que el del mercado global.
Sólo en períodos puntuales -52 meses sobre un total de 264, es decir, apenas el 20% del tiempo- el esquema operó a la inversa, con precios internos por encima del internacional, como ocurrió en 2015, 2016 y durante la pandemia de 2020. En esos casos, el “amortiguador” funcionó como sostén de la actividad ante el derrumbe del crudo.
Pero el balance general muestra otra cosa: la mayor parte del tiempo, el desacople jugó en contra de las provincias productoras.
El impacto fue incluso más marcado en jurisdicciones como Neuquén o Santa Cruz, que históricamente colocaron una mayor proporción de su producción en el mercado interno. Chubut, en cambio, amortiguó parcialmente ese efecto en los años en que lideraba exportaciones, ya que esa porción -35% del total de su producción- sí se liquidaba a precio internacional.
UN ALIVIO EN SURTIDORES, UN TECHO PARA LAS REGALÍAS
El “amortiguador” anunciado por YPF -al que probablemente se plieguen otras operadoras- implica que durante 45 días se tomará como referencia un precio estimado entre 85 y 88 dólares por barril, aun cuando en marzo la cotización internacional promedió los 102 dólares.
En ese contexto, Chubut percibirá una mejora en sus ingresos respecto de febrero, pero con un techo claro. Por un lado, el precio interno seguirá por debajo del internacional. Por otro, la producción continúa en descenso, con una caída que en febrero ubicó en torno al 10% mensual.
Con esos dos factores combinados, la mejora existe, pero es acotada. El precio promedio pasaría de unos 63 dólares en febrero a un estimado de 85 en marzo, lo que implica una suba cercana al 35%. Sin embargo, la menor producción atenúa ese efecto.
Si se toma como referencia una recaudación de alrededor de 24 millones de dólares en febrero, la proyección para abril -en base a lo producido en marzo- podría ubicarse en torno a los 30 millones. Es decir, una mejora del orden del 25%.
Se trata, en este caso, de una estimación propia en base a precios y volúmenes informados oficialmente.
Aun así, el dato de fondo se mantiene: si el precio interno estuviera plenamente alineado con el internacional, los ingresos serían mayores.
EL COSTO SILENCIOSO DEL «AMORTIGUADOR»
El esquema vuelve a plantear una tensión conocida: la estabilidad de precios en los surtidores se sostiene, en parte, sobre un ingreso menor para las provincias productoras.
En los hechos, el “amortiguador” funciona como un mecanismo de transferencia indirecta: atenúa el impacto en los consumidores, pero al mismo tiempo limita la captación de renta petrolera en los distritos donde se genera. No se trata de cuestionar la necesidad de evitar saltos bruscos en los combustibles. Pero sí de señalar una asimetría que se repite en el tiempo.
Las provincias productoras vienen absorbiendo ese costo sin un esquema de compensación equivalente. Y en un contexto en el que, además, enfrentan caída de producción y restricciones fiscales, la discusión adquiere otra dimensión.
El contraste aparece con nitidez en la coyuntura: mientras Chubut y otras jurisdicciones resignan ingresos por este tipo de mecanismos, cuando necesitan asistencia financiera -como en el caso del acuerdo para anticipos de coparticipación- deben devolver esos fondos con tasas que rondan el 15%.
El “amortiguador”, entonces, no sólo estabiliza precios. También vuelve a exponer una pregunta de fondo: cómo se distribuye la renta petrolera en la Argentina y quién termina absorbiendo los costos de esa estabilidad.
