Las grandes eléctricas han elevado el tono ante el Gobierno y el regulador: la red española de transporte y distribución se está quedando sin margen para admitir nuevos consumidores en numerosos puntos y, si no se corrige con urgencia la forma de planificar y ejecutar refuerzos, «la red estará cerrada» para los nuevos proyectos que hoy están apareciendo como las nuevas construcciones de vivienda o los centros de datos. El mensaje llega acompañado de una crítica directa a Red Eléctrica (REE) -que ha invertido por debajo de su límite máximo durante años- y a la lentitud administrativa para convertir los planes en obra construida.
El sector sostiene que el problema ya no es solo «cuánta» capacidad hay en el mapa, sino la incapacidad del sistema para reaccionar a tiempo cuando surge un gran consumo en una zona donde antes no había fábricas, hoteles o polos industriales, y ahora se pretende desplegar infraestructura digital intensiva en electricidad. «Los planes son muy bonitos, pero hay que construirlos», resumen fuentes empresariales, que denuncian los retrasos recurrentes en la planificación eléctrica: cada nuevo ciclo, añaden, se apoya en ejecutar buena parte de lo que quedó pendiente del anterior.
El debate se ha acelerado en plena revisión del marco de acceso a la red y por un intento de reducir el riesgo de apagones. La CNMC mantiene en audiencia una propuesta para retrasar tres meses la publicación de los primeros mapas de capacidad de acceso de la demanda a la red de transporte, del 2 de febrero al 4 de mayo de 2026, precisamente para dar margen a cerrar parámetros técnicos críticos y evitar una publicación que, con los datos actuales, podría arrojar capacidad nula en un número muy elevado de nudos. La propia CNMC ha publicado el trámite y el calendario de alegaciones, con vencimiento el 6 de febrero de 2026, tal y como adelantó elEconomista.es.
Ese aplazamiento de tres meses se interpreta en el sector como una ventana para negociar con REE una salida técnica y operativa durante este periodo, mientras se intentan cerrar dos cuellos de botella que aparecen en el expediente: la dificultad de acordar los «valores de referencia» en los puntos frontera entre transporte y distribución y el efecto del «criterio dinámico», que en la práctica endurece el cálculo de capacidad disponible.
Este nuevo criterio se llevaba analizando cerca de cuatro años con el sector y ahora, para su implementación, está permitiendo sacar a la luz el colapso existente en el sector eléctrico.
Pero el foco empresarial va más allá del ajuste técnico. Las compañías reclaman un «mecanismo de urgencia» para moldear la planificación con rapidez, sin depender de revisiones largas y poco flexibles. En ese contexto, la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible ha introducido un cambio que el sector considera clave: el nuevo artículo 4 bis crea un mecanismo periódico para cambiar la finalidad de posiciones en subestaciones de la red de transporte o introducir nuevas posiciones cuando el bloqueo sea, específicamente, la falta de posiciones disponibles para alimentar demanda.
La razón es técnica y, a la vez, profundamente práctica. Una «posición» de una subestación es, físicamente, un punto de conexión. El sector denuncia que, sin embargo, en la planificación aparecen posiciones «etiquetadas» por uso —demanda, generación o apoyo a distribución— y que esa compartimentación carece de justificación técnica en muchos casos. El resultado, aseguran, es un bloqueo administrativo: hay subestaciones donde no figuran posiciones de demanda disponibles, pero sí posiciones reservadas para generación que finalmente no se construirá (porque proyectos se han frenado), y aun así un cliente real, situado en la zona, no puede conectarse porque esas posiciones quedan «atrapadas» por la etiqueta.
La norma pretende acortar drásticamente plazos. Desde el 15 de noviembre de 2025, el operador del sistema debe remitir cada cuatro meses un informe a la Secretaría de Estado de Energía con los nudos donde sea posible cambiar la finalidad de posiciones existentes o previstas, o introducir nuevas posiciones; y, una vez recibido, la Secretaría debe resolver en dos meses. La expectativa del sector es que este procedimiento sustituya, en la práctica, a un esquema anterior que obligaba a transitar modificaciones de planificación más pesadas, vinculadas a aprobaciones de alto nivel y con tiempos que, según las empresas, podían alargarse cerca de dos años.
El choque se agrava por el debate sobre inversiones y ejecución. La actividad de transporte está sujeta a límites de inversión anual con derecho a retribución ligados al PIB, con un tope del 0,065% para la red de transporte (excluidas interconexiones). Las compañías denuncian que la ejecución ha ido «demasiado despacio» y sostienen que, aunque REE haya defendido públicamente un esfuerzo inversor relevante, la realidad sobre el terreno se mide en proyectos que llegan tarde y actuaciones que se arrastran de un periodo a otro. En el sector citan como ejemplo la Costa del Sol y un caso en Estepona, donde una subestación pendiente de transporte y su línea asociada seguirían retrasadas, afectando —según estas fuentes— a la calidad de suministro y a la capacidad de atender crecimiento de demanda en la zona y el suministro a un total de 72 familias.
La presión de los centros de datos añade urgencia. El sector ha reclamado en distintos foros un plan acelerado de inversión en red para no perder proyectos de digitalización por falta de capacidad y por incertidumbre en conexiones. Y las patronales eléctricas llevan meses subrayando que la saturación —especialmente en distribución— ya está traduciéndose en rechazos masivos de solicitudes de acceso.
Con todo, el punto de fricción inmediato se concentra en un concepto: liberar capacidad «real» a corto plazo. Para las empresas, eso pasa por dos palancas simultáneas: construir red a más velocidad y, mientras llega la obra, reordenar con rapidez lo que ya existe —las posiciones de subestación— para que no queden inmovilizadas por una etiqueta administrativa. Para REE y el regulador, el reto es conjugar esa urgencia con criterios de seguridad, coordinación con distribución y reglas homogéneas de acceso.
El calendario de los próximos meses será decisivo. La CNMC ha dado tres meses más antes de publicar los mapas de capacidad de demanda; la Ley de Movilidad ha habilitado un mecanismo para cambiar la finalidad de posiciones y resolver en plazos tasados. Si ambas herramientas no se traducen en desbloqueos efectivos, advierten las eléctricas, el país corre el riesgo de instalar una nueva barrera : proyectos listos para invertir, pero una red que, de facto, permanece «cerrada» en los nudos donde la demanda está empezando a crecer ahora.
Las eléctricas lamentan también la falta de transparencia sobre los clientes conectados directamente a la red de transporte y reclaman que haya un mecanismo mucho más claro. Las empresas temen que Red Eléctrica pueda beneficiar de facto a las compañías que se conecten en alta tensión frente a aquellas que lo intentan en distribución.
Por el momento, el sector no se atreve a cifrar la cantidad de puntas de acceso qaue pueden tener problemas para conectarse en el corto plazo ya que consideran que al tratarse de una situación flexible se podrá encontrar una fórmula que permita respetar los derechos de los clientes que ya tenían concedidos los puntos de conexión mediante una flexibilización de la norma que acaba de entrar en vigor.
